Txema Landa
De modo que la única solución es la inmediata puesta en libertad de todas las personas que cumplen condenas basadas en informaciones, declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura.
Hoy celebramos que gracias a las distintas iniciativas populares y después de 34 años de sufrimiento dolor y muerte, se ha logrado terminar con la dispersión, tanto Sare como Etxerat tienen mucha parte del éxito, que recae en la gente que ha estado movilizándose, sin descanso y con firmeza.
En el horizonte nos queda un paso más, lograr que todas las personas presas queden en libertad y vuelvan a sus casas.
Además de que llevan decenas de años en prisión hay que tener en cuenta, para que vuelvan a casa, que fueron condenadas en tribunales especiales y la mayoría de los casos con informaciones, declaraciones y pruebas, que habían sido obtenidas mediante torturas.
Triste es la imagen de los tribunales españoles, desde algunos Juzgados de Instrucción, pasando por la AN y el TS hasta llegar al Tribunal Constitucional, a los que el TEDH ha enmendado la plana y sacado los colores en el asunto de la tortura en numerosas ocasiones.
Varios informes sobre la tortura en el caso de Hego Euskal Herria cifran el número de personas torturadas en 5.379.
Llegados a este punto necesariamente hay que concluir que las condenas dictadas en España en procesos en que ha habido denuncias de torturas, usando como pruebas confesiones arrancadas en situación de incomunicación, por razones claramente entendibles, son en términos de estricta ortodoxia jurídica, nulas de nulidad absoluta, y esto porque al final de cuentas lo que realmente queda probado tras la tortura no es la culpabilidad del torturado, sino el hecho de que no había pruebas inobjetables de su culpabilidad.
A nadie escapa que puesto el imputado en una situación de abandono tal que produzca en su ánimo miedo incontrolable, o directamente un padecimiento extremo causado por el dolor infligido, es predecible que confiese hechos no cometidos o inculpe a terceros inocentes.
Las continuas intervenciones de los fiscales de la Audiencia Nacional, de cuyo tinte colonial nadie duda, recurriendo las progresiones de grado nos obliga a poner en conocimiento del público como se redactaron sus condenas.
De modo que la única solución es la inmediata puesta en libertad de todas las personas que cumplen condenas basadas en informaciones, declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura.
Quedando pendiente la investigación de los hechos que afectan a todas las hasta el momento y debidamente documentadas 5.379 personas torturadas, para obtener la verdad, la justicia y la reparación en todos y cada uno de los casos.